La
Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha impuesto una
multa a las principales empresas petroleras que operan en España por
prácticas contrarias a la competencia.
Ya lo
hemos leído en diversos medios de comunicación.
Repsol
ha sido multada con 20 millones de euros. Cepsa con 10 millones de
euros. Disa con 1,3 millones, Galp con 800.000 € y Meroil con
300.000 €.
Las
empresas citadas están acusadas de intercambio de información entre
competidores encaminados a pactar los precios.
Al
parecer, las investigaciones de la CNMC se remontan al año 2013, y
se han acreditado infracciones tan graves que han dado lugar a las
sanciones citadas.
Cualquiera
de nosotros a la hora de repostar, hemos observado que los precios
que ofrecen las grandes empresas petroleras no se diferencian
demasiado unos de otros. La competencia brilla por su ausencia, y las
tarjetas de descuento permiten conseguir un ahorro casi testimonial.
Por otra parte cuando sube el precio del petroleo automáticamente
sube el precio en todas las estaciones de servicio. No sucede lo
mismo cuando el petroleo baja; en ese caso se toman su tiempo.
Cuando
apenas hay competencia en un mercado es fácil que las empresas
lleguen a acuerdos para pactar los precios.
Exactamente
lo mismo parece suceder con el mercado eléctrico. Las grandes
empresas eléctricas, que se cuentan con los dedos de una mano,
ofrecen para los consumidores domésticos unas ofertas que de tales
sólo tienen el nombre.
Bajo
las promesas de descuentos nos encontramos con ofertas que parecen
competir a ver cual es la peor. Cada dos días nos llega un comercial
a casa, pero sin ofertas que merezcan la pena.
¿Y por qué cuando
se liberalizó el mercado ninguna de las grandes eléctricas ofrecían
nada distinto a la Tarifa de Último Recurso?
Si la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia quiere investigar éste
campo, lo tiene muy fácil.